LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA: Expertos evalúan política antidrogas

martes, 9 de febrero de 2010

Expertos evalúan política antidrogas

Por primera vez en 40 años, hay una tendencia en América Latina para romper con las políticas antidrogas implementadas hasta ahora. Así lo afirmaron ayer funcionarios y expertos de México, Colombia, el Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, los Países Bajos y Estados Unidos durante una conferencia organizada por el Centro de Investigación sobre Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), el Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Según el CIDDH, en el Perú se detienen anualmente a 12 mil personas por tráfico de drogas.

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Barras bravas: hora de desterrar la violencia

La trágica muerte de Paola Vargas Ortiz, que ha conmocionado al país, no puede quedar impune y debe marcar un punto de quiebre para erradicar, de una vez por todas, la violencia en el fútbol.

Hay un abismo de distancia entre el gesto de grandeza y generosidad de la víctima —que dejó establecida su voluntad de donar sus órganos para salvar otras vidas—, y la mentalidad irracional, vesánica y fanática de las llamadas barras bravas.

¿Es esto propio de una actividad deportiva? Pues no. Los peruanos no podemos aceptar que, aparte de la mediocridad y derrotas que caracterizan al fútbol profesional, tengamos que soportar estos desbordes masivos de desadaptados e indeseables que no merecen llamarse aficionados.

No se trata solo de recusar la muerte bárbara de la joven contadora, sino de rechazar con firmeza las situaciones de zozobra y miedo que causan cotidianamente estos grupos en barrios enteros. Así, un partido de fútbol, que debía ser una fiesta, termina convertido en una explosión de violencia, donde los paganos son los vecinos y transeúntes.

Por lo mismo, en lo inmediato, mientras se debaten soluciones estructurales, deben tomarse medidas urgentes para identificar y castigar a los responsables de esta muerte y evitar otras. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene que advertir, impedir y disolver las concentraciones peligrosas de barras bravas, antes de que se agrupen y reagrupen en el camino de ida o vuelta a los estadios.

No puede haber tolerancia con estos energúmenos y cobardes que, escudándose en el anonimato y en la camiseta de un club, creen tener patente de corso para perturbar el orden público, así como para amedrentar y atacar a inocentes ciudadanos.

Dicho esto, tenemos que reconocer que el problema viene de muy atrás y que la responsabilidad principal atañe a los dirigentes, pero no solo a ellos. Es acertado, al respecto, que se inicie el empadronamiento y la carnetización de hinchas, pero ello debe ser acompañado por campañas masivas de concientización en las que participen colegios, universidades, medios de comunicación y padres de familia, que no pueden evadir su responsabilidad.

Las dirigencias de los clubes tienen que dar testimonio de orden y de decencia, y no como ahora que están enfrascadas en luchas intestinas, caos económico y problemas tributarios que los colocan al borde del embargo, la insolvencia y la bancarrota.

A su turno, las autoridades deben aprender de la experiencia de otros países, como Inglaterra, que han podido controlar y erradicar exitosamente la violencia de supuestos aficionados. Se trata de fanáticos radicales llenos de complejos y frustraciones a los que, por su conducta, solo puede calificárseles de delincuentes y deben ser tratados como tales. No solo habría que identificar a los cabecillas sino también prohibirles la entrada a los estadios luego de procesarlos judicialmente con todo el peso de la ley.

La lucha contra la violencia de las barras bravas recién empieza, pero no puede parar. Es una campaña nacional por la justicia, pero también por la remoción de conciencias para entender que el fútbol no puede ser sinónimo de destrucción, desorden y muerte. Las barras deben recobrar su razón de ser y desprenderse de cualquier adjetivo violentista.

Nuevas herramientas para la seguridad ciudadana

Mucho análisis y poca acción tras las estrategias diseñadas para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el territorio nacional y principalmente en Lima Metropolitana. Lo planteado en los últimos años, encuentra murallas infranqueables, que van desde una elemental política de Estado a la asignación de recursos económico-financieros indispensables para cumplir con las soluciones propuestas. Asimismo, no se incorpora una moderna y adecuada tecnología de punta, que permita a las unidades policiales actuar con oportunidad y celeridad en su tarea diaria.

La neoestrategia del ministro del Interior Octavio Salazar, “Seguridad ciudadana sí, pero con tecnología”; significa precisión en la solución de tan complejo problema. El Perú, donde día a día se habla de crecimiento económico –a pesar de los tiempos de crisis–, no puede encontrar su principal barrera en la falta de medios presupuestales. Para Salazar, la solución ya está expuesta, urgen nuevas herramientas tecnológicas para mejorar el accionar policial contra la delincuencia. El profesionalismo y voluntad que pone siempre el policía, ya no es suficiente para actuar frontalmente ante el crimen. La delincuencia ha perfeccionado sus sistemas delictivos empleando nuevas tecnologías de información y comunicación; la policía se ha estancado en antiguas estrategias.

Para una acción policial rápida y oportuna, se requiere de herramientas necesarias. Las mismas que están en el camino de incorporarse a una nueva sociedad de la información, que permita mejorar los procedimientos policiales y la propia organización institucional. El Estado y la sociedad peruana requieren de una policía seria, profesional, eficaz; que solucione el problema de seguridad ciudadana; al frente –para entenderlo mejor– la policía espera por herramientas de trabajo.

Las unidades policiales modernas centran sus fortalezas en la incorporación permanente de nuevas tecnologías (TIC´S), informatización de procedimientos, trasmisión de datos, equipos de comunicación, video y vigilancia, entre otros; permite cerrar espacios a la criminalidad y brindar adecuada atención profesional al público usuario. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas MEF (y no el sector Interior), debe asignar recursos económicos necesarios, para que la policía pase a formar parte de esa gran sociedad de la información, que no es un modismo de la época actual; sino un nuevo paradigma global, con elevado poder de transformar y mejorar las actividades de cualquier organización.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

martes, 9 de febrero de 2010

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