Blog dedicado a las noticias sobre la lucha de las Fuerzas policiales contra la delincuencia en el Perú
La trágica muerte de Paola Vargas Ortiz, que ha conmocionado al país, no puede quedar impune y debe marcar un punto de quiebre para erradicar, de una vez por todas, la violencia en el fútbol.
Hay un abismo de distancia entre el gesto de grandeza y generosidad de la víctima —que dejó establecida su voluntad de donar sus órganos para salvar otras vidas—, y la mentalidad irracional, vesánica y fanática de las llamadas barras bravas.
¿Es esto propio de una actividad deportiva? Pues no. Los peruanos no podemos aceptar que, aparte de la mediocridad y derrotas que caracterizan al fútbol profesional, tengamos que soportar estos desbordes masivos de desadaptados e indeseables que no merecen llamarse aficionados.
No se trata solo de recusar la muerte bárbara de la joven contadora, sino de rechazar con firmeza las situaciones de zozobra y miedo que causan cotidianamente estos grupos en barrios enteros. Así, un partido de fútbol, que debía ser una fiesta, termina convertido en una explosión de violencia, donde los paganos son los vecinos y transeúntes.
Por lo mismo, en lo inmediato, mientras se debaten soluciones estructurales, deben tomarse medidas urgentes para identificar y castigar a los responsables de esta muerte y evitar otras. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene que advertir, impedir y disolver las concentraciones peligrosas de barras bravas, antes de que se agrupen y reagrupen en el camino de ida o vuelta a los estadios.
No puede haber tolerancia con estos energúmenos y cobardes que, escudándose en el anonimato y en la camiseta de un club, creen tener patente de corso para perturbar el orden público, así como para amedrentar y atacar a inocentes ciudadanos.
Dicho esto, tenemos que reconocer que el problema viene de muy atrás y que la responsabilidad principal atañe a los dirigentes, pero no solo a ellos. Es acertado, al respecto, que se inicie el empadronamiento y la carnetización de hinchas, pero ello debe ser acompañado por campañas masivas de concientización en las que participen colegios, universidades, medios de comunicación y padres de familia, que no pueden evadir su responsabilidad.
Las dirigencias de los clubes tienen que dar testimonio de orden y de decencia, y no como ahora que están enfrascadas en luchas intestinas, caos económico y problemas tributarios que los colocan al borde del embargo, la insolvencia y la bancarrota.
A su turno, las autoridades deben aprender de la experiencia de otros países, como Inglaterra, que han podido controlar y erradicar exitosamente la violencia de supuestos aficionados. Se trata de fanáticos radicales llenos de complejos y frustraciones a los que, por su conducta, solo puede calificárseles de delincuentes y deben ser tratados como tales. No solo habría que identificar a los cabecillas sino también prohibirles la entrada a los estadios luego de procesarlos judicialmente con todo el peso de la ley.
La lucha contra la violencia de las barras bravas recién empieza, pero no puede parar. Es una campaña nacional por la justicia, pero también por la remoción de conciencias para entender que el fútbol no puede ser sinónimo de destrucción, desorden y muerte. Las barras deben recobrar su razón de ser y desprenderse de cualquier adjetivo violentista.
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